¿Qué busca el régimen al atacar a los medios de comunicación privados? La respuesta parece obvia para muchos: tomar el control de la supraestructura, en términos marxistas.
Pero
el desacierto de las autoridades es tan evidente que esta vez le tocó el turno
al histriónico ministro acusado de contrabando para salir a vilipendiar a un
impreso paceño, días después del alboroto causado por un evidente y desafortunado titular
de tapa. Quintana hizo o trató de hacer una nota resfriada, en términos
periodísticos.
Hablar
de ética en el manejo informativo, por otra parte, fue lo más colorido de la
conferencia de prensa pues el ministro, exasesor del gobierno de Hugo Banzer,
citó la “ética periodística” que “todos deberían ejercer”, cosa más anecdótica
pues es por demás conocido que los primeros medios informativos que se pasan
por el culo la Ley de Imprenta y los códigos de ética son, precisamente, los
medios del gobierno del MAS, es decir los MAS-media.
Basta
con adelantarnos en el tiempo y leer de
antemano los titulares del paskin azul, criticando al medio aludido sin dar
paso a ninguna contraparte y dando toda la cobertura, foto incluida, al
ministro exmilitar y experto en temas de seguridad interna.
Retornando
al hilo de la pregunta, el régimen no sólo ataca a PG7 sino a los otros medios
privados buscando en una primera incursión de campaña de guerra, lacerar la
reputación de los medios ante la opinión pública. El librillo de compilación de
titulares presentado hace un año por el exministro de Gobierno y principal
responsable de la intervención a la marcha indígena de Chaparina, trató de “desnudar”
la relación de los propietarios de medios privados con la política de la era
neoliberal como para sentar un “prontuario” en lo que llamamos en su momento el
“efecto Llorenti”. Sin embargo, los datos de los medios comprados por los palos
blancos del Gobierno no fueron “actualizados” quién sabe por qué, o más bien todos
saben porque.
Luego
matutinos como El Diario o Página 7 fueron blanco del ataque judicial del
régimen bajo una figura inventada dentro del marco de la Ley 045, que no habla
de “instigación” sobre delitos de racismo y discriminación, pero los abogados
están para eso, para “arreglar” las cosas.
La
desacreditación parece ser el principal argumento usado por las autoridades al
referirse a estos medios u otros, sean televisivos o radiofónicos, que aún
hacen frente al poder en estricto cumplimiento a su labor como fiscalizador
social.
Empero,
en el caso de PG7 el régimen comete un error de antología. Criticar a los
accionistas del medio con términos xenófobos podría costarles un proceso por la
misma 045, aunque eso dependerá de la lectura que puedan hacer los abogados de la otra parte.
Al
final, la opinión pública decidirá si compra pomada o contenido, porque la
saturación del culto a la imagen y la propaganda gubernamental ya desbordó a
los libros rojos del siglo XIX y aquello no parece haber sido calculado en las deterioradas
fases del proceso de cambio.
