¿Otra vez MAS media?

¿Qué busca el régimen al atacar a los medios de comunicación privados? La respuesta parece obvia para muchos: tomar el control de la supraestructura, en términos marxistas.

Pero el desacierto de las autoridades es tan evidente que esta vez le tocó el turno al histriónico ministro acusado de contrabando para salir a vilipendiar a un impreso paceño, días después del alboroto causado por un evidente y desafortunado titular de tapa. Quintana hizo o trató de hacer una nota resfriada, en términos periodísticos.

Hablar de ética en el manejo informativo, por otra parte, fue lo más colorido de la conferencia de prensa pues el ministro, exasesor del gobierno de Hugo Banzer, citó la “ética periodística” que “todos deberían ejercer”, cosa más anecdótica pues es por demás conocido que los primeros medios informativos que se pasan por el culo la Ley de Imprenta y los códigos de ética son, precisamente, los medios del gobierno del MAS, es decir los MAS-media.   

Basta con adelantarnos  en el tiempo y leer de antemano los titulares del paskin azul, criticando al medio aludido sin dar paso a ninguna contraparte y dando toda la cobertura, foto incluida, al ministro exmilitar y experto en temas de seguridad interna.

Retornando al hilo de la pregunta, el régimen no sólo ataca a PG7 sino a los otros medios privados buscando en una primera incursión de campaña de guerra, lacerar la reputación de los medios ante la opinión pública. El librillo de compilación de titulares presentado hace un año por el exministro de Gobierno y principal responsable de la intervención a la marcha indígena de Chaparina, trató de “desnudar” la relación de los propietarios de medios privados con la política de la era neoliberal como para sentar un “prontuario” en lo que llamamos en su momento el “efecto Llorenti”. Sin embargo, los datos de los medios comprados por los palos blancos del Gobierno no fueron “actualizados” quién sabe por qué, o más bien todos saben porque.

Luego matutinos como El Diario o Página 7 fueron blanco del ataque judicial del régimen bajo una figura inventada dentro del marco de la Ley 045, que no habla de “instigación” sobre delitos de racismo y discriminación, pero los abogados están para eso, para “arreglar” las cosas.

La desacreditación parece ser el principal argumento usado por las autoridades al referirse a estos medios u otros, sean televisivos o radiofónicos, que aún hacen frente al poder en estricto cumplimiento a su labor como fiscalizador social.

Empero, en el caso de PG7 el régimen comete un error de antología. Criticar a los accionistas del medio con términos xenófobos podría costarles un proceso por la misma 045, aunque eso dependerá de la lectura que puedan hacer  los abogados de la otra parte.

Al final, la opinión pública decidirá si compra pomada o contenido, porque la saturación del culto a la imagen y la propaganda gubernamental ya desbordó a los libros rojos del siglo XIX y aquello no parece haber sido calculado en las deterioradas fases del proceso de cambio.