indemnización por sus años en reclusión
Una denuncia por presunta tortura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) por los detenidos del caso Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), entre ellos el actual vicepresidente Alvaro García, aún se encuentra en proceso de conciliación tras 12 años de haber sido interpuesta.
En caso de ser favorable, los
denunciantes podrían recibir un resarcimiento económico del Estado boliviano.
Sin embargo, García ratificó ayer, que ha renunciado a cualquier indemnización,
porque “su lucha no tiene precio”.
“Iniciamos desde la cárcel una denuncia
por torturas, esto viene ventilándose ya 15 (12) años desde la denuncia y
todavía no hay ninguna respuesta, no hay ninguna solución”, dijo. Señaló además
que en 2008 renunció personal y públicamente a cualquier indemnización que pueda
lograrse cuando concluya el proceso de conciliación que se lleva mediante la
Cancillería del Estado.
“Para mí, mi lucha y mi sufrimiento no
lo negocio por un precio, no es un tema de dinero, mi lucha no cuesta mil
dólares ni cien mil dólares. Puedo denunciar moralmente, políticamente,
éticamente, pero nada tiene que ver mi denuncia con el resarcimiento
económico”, agregó.
García fue detenido poco después de su
hermano Raúl y su expareja Raquel Gutiérrez, el 10 de abril de 1992 durante el
gobierno de Jaime Paz Zamora, pero recién rindió su declaración ante el juzgado
de sentencia el 1 de agosto de 1996, denotando la retardación de justicia que fue
causa para su liberación un año más tarde, tras permanecer cinco años y dos
meses en Chonchocoro.
Los operativos de detención fueron
ejecutados por el fiscal José Nemtala. Sobre el actual Vicepresidente, en su
declaración informativa el entonces coronel Germán Linares decía: "Él,
todo confiado, otro error de sus famosas instrucciones de seguridad, se viene
en la vagoneta que tenían y se viene por carretera y admirablemente, como a un
niño, lo detuvimos juntamente con sus cómplices en El Alto de La Paz, en la
tranca”.
CASO CIDH
En marzo de 2001 la defensa de Raúl
García Linera, Silvya de Alarcón Chumacero, Raquel Gutiérrez Aguilar, Álvaro
García Linera, Víctor Ortiz Quispe, Silverio Maidana Macías, Macario Tola
Cárdenas, Santiago Yanique Apaza, Juan Carlos Pinto Quintanilla, Felipe Quispe
Huanca, Alejandro Choque y Mario Apaza Bautista, presentó una denuncia ante la
CIDH por torturas y vulneración de derechos civiles sufridas a partir de su
detención.
La CIDH admitió la causa basada en el
artículo 46 de excepcionalidad de la Convención Americana, pues si bien no se
agotaron en Bolivia los recursos y procedimientos internos como corresponde, se
interpreta que en el país no existían normas que se adecúen a los derechos de
defensa y debido proceso de los implicados en la presunta célula terrorista. La última acción del Estado boliviano para evitar el
ingreso de la denuncia ante la CIDH fue interpuesta en febrero de 2005.
Por otra parte, fue determinante para su
liberación el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados en la gestión 1995 que evidenció que la Policía actuó con violencia
contra los 12 detenidos, acusados de 14 delitos como terrorismo, alzamiento armado,
perturbaciones públicas o destrozo de bienes del Estado .
“En formal global esta Comisión está en
condiciones de sostener la presunción general de que en la mayoría de los
casos, los hechos de tortura denunciados sí se produjeron, en condiciones y
circunstancias en que la responsabilidad corresponde exclusivamente a los
distintos organismos de seguridad del Estado, aunque la responsabilidad
individual de ninguna manera puede agotarse en los funcionarios que han sido
identificados en el presente informe y cuyo detalle es parte de las
conclusiones específicas”, cita el informe legislativo firmado por el entonces
diputado Juan del Granado.
El informe 54/05 de admisión de la denuncia en la CIDH, sin embargo,
aclara que no significa evidenciar o fallar a favor de los peticionarios. “La Comisión desea aclarar, como lo ha hecho en
ocasiones anteriores, que la aplicación de las excepciones contempladas por el
artículo 46 de la Convención para determinar la admisibilidad de una petición
no implica prejuzgar sobre los méritos de la denuncia”.
Tras su liberación Alvaro García se dedicó a la docencia universitaria,
para luego llegar al poder en 2006; Felipe Quispe fue dirigente sindical, luego
diputado y candidato a la Presidencia; Raquel Gutiérrez, de nacionalidad
mexicana, también retomó la academia y Juan Carlos Pinto es director en el ente
lectoral, Macario Tola es un reconocido exdirigente minero.
EL DIARIO.-
foto tomada en 2002, cuando la coordinadora del agua de Cbba de Oscar Olivera, pedía la extinción de la causa (narconews.com)
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